EDITORIALES

Lo que faltó en el Informe

Carlos Loret de Mola

Algunos dirán que para bien. Otros que para mal. Pero nadie podrá negar que los nueve meses de gobierno de Enrique Peña han sido trepidantes.

En cambio, el mensaje del Informe careció de ritmo y emoción. No hubo una frase recordable ni un anuncio atractivo.

Y desde que se pronuncian ante invitados especiales en lugar de frente al Congreso con su mezcla de aliados y opositores, tampoco hay picante en la mesa. La carpa de plástico bajo la que el presidente habló y la “salutación” posterior completaron el cuadro tedioso.

La lluvia de cifras, la minimización de los problemas y el formato exageradamente rígido y viejo se consolidan como características de los discursos de Informe sexenio tras sexenio. No se diga de la visión cargada de optimismo.

Es cierto que los homicidios bajaron 12%, pero los secuestros han aumentado 25%. Ambos son datos oficiales.

Es cierto que la inversión extranjera directa más que se duplicó, pero el crecimiento esperado para 2013 se ha desplomado de más de 3% a cosa de 1%.

Es cierto que hay inversiones multimillonarias prometidas por empresarios de todos los sectores, pero el gasto público estuvo congelado un semestre.

Es cierto que la inmensa mayoría de los maestros está dando clases, pero los estados con peores niveles educativos tienen a sus profesores marchando y bloqueando. La ciudadanía está harta y no queda claro qué va a pasar con ellos.

El presidente resumió en el mensaje sus reformas. Declaró que en los próximos 120 días se va a jugar todas sus fichas. Quiere en el cierre del año recuperar el ritmo trepidante del arranque. Veremos si la ruleta de la política es generosa con él.


SACIAMORBOS

Hay un negrito en el arroz. Si bien las leyes secundarias de la reforma educativa van en el sentido internacionalmente considerado como correcto y fue una gran señal de Estado aprobar la Ley del Servicio Profesional Docente antes del Informe, apareció de última hora un párrafo en el artículo 79 que reserva como dato personal la calificación de cada maestro en la evaluación.

Decía: “La información que se genere por la aplicación de la presente Ley quedará sujeta a las disposiciones federales en materia de información pública, transparencia y protección de datos personales”.

En la semana de impasse por las movilizaciones de la CNTE, una mano amiga le agregó: “Los resultados y recomendaciones individuales que deriven de los procesos de evaluación serán considerados datos personales.”

¿Qué significa esto? Que el padre de familia no va a poder saber qué tan bien salió en la prueba el maestro de su hijo. Se volverá información privilegiada a la que sólo tienen acceso el gobierno, el maestro y el sindicato. ¿En serio van a esconder la calificación en el examen? Se trata de la evaluación de un funcionario público —al maestro le paga el Gobierno— no su domicilio, sus cuentas bancarias ni su situación familiar.

No es un bache menor puesto que la medida aprobada por los diputados resta capacidad de exigencia a la sociedad para que quienes estén frente a grupo sean los mejores maestros del país.

Primer informe sin mucho informe

Jorge O. Navarro

En las filas donde los sentaron para escuchar al presidente Enrique Peña Nieto, los gobernadores del país exhibían rostros hieráticos, adustos. En la medida que transcurría el mensaje presidencial, los mandatarios fruncían más el ceño. El evento era formal en extremo, pero no era sólo seriedad la que exhibían los gobernantes.

El mensaje de Peña Nieto se caracterizó más por el futurismo, por el deseo manifiesto de que se concreten las reformas que aún están pendientes. Evidentemente, no habló para los oídos extranjeros; el público al que se dirigió todo el tiempo fue el nacional.

Su énfasis al felicitar a los diputados federales por aprobar la ley reglamentaria de Servicio Profesional Docente fue, por otra parte, un guiño a los millones de habitantes del Distrito Federal que han padecido las manifestaciones de los maestros de la CNTE durante días. Falta que los defeños lo crean… y que los maestros se den por vencidos.

Además, su encendido mensaje a favor del Pacto por México y el sentido reconocimiento a las cúpulas políticas que lo concretaron, no se corresponde con la mayoría de los análisis que sólo han hallado en todo ello un acuerdo entre algunas facciones políticas, pero no el pretendido pacto que presume representar a las fuerzas políticas del país.

Por eso, quizá, el presidente apeló a los diputados y senadores para que aprueben, también, las reformas energética y hacendaria. Abundan ya las lecturas en el sentido de que se está descomponiendo con rapidez el frente que consiguió sacar adelante la llamada reforma educativa, y las manifestaciones magisteriales, sumadas a las futuras protestas contra la reforma energética, están obligando a que los acuerdos tomen rumbos diferentes.

El informe presidencial se sintió muy forzado por momentos. Estaban fuera de lugar las alusiones a los logros deportivos, como si el Gobierno federal tuviera injerencia real en la mayoría de los esfuerzos individuales para conseguir algunos cientos de medallas, en una nación de más de 100 millones de habitantes que para colmo ostenta la primera posición mundial en obesidad.

También carecieron de sentido aseveraciones como la que hizo al anunciar que en todo el país no se volverán a construir viviendas que estén lejos de los centros de trabajo y que no tengan calidad mínima. De inmediato, constructores y desarrolladores, algunos al sentirse aludidos, externaron por diferentes medios que no existen las condiciones para ello. Para millones de trabajadores quedan todavía muchos años por delante, en los que sólo tendrán oportunidad de comprar una vivienda de dos recámaras, sin abastecimiento seguro de agua potable y los servicios básicos.

La cuestión es: ¿qué necesidad tiene el presidente de asegurar realidades que no existen y que, peor aún, no dependen totalmente de su gestión?

El primer informe de Peña Nieto careció mucho de informe y abundó en mensaje político, en manifestación de esperanzas y en repetición de eslóganes.

Con eso, seguro, no se contrarrestan la inseguridad persistente y el estancamiento económico que, aunque oficialmente se rechaza, en algunos sectores de la economía se lee como recesión.

Ataque a Siria

Luis Ernesto Salomón

Todas las guerras plantean problemas éticos. Puede afirmarse que en nuestra civilización la violencia es moralmente condenable, pero también que es inherente a la humanidad. Eliminar la violencia ha sido objetivo de muchos proyectos intelectuales y aun políticos que han quedado en el capítulo de las utopías. Si la violencia entre los hombres es constante, también lo es la búsqueda de un orden que la controle mediante la autoridad. Este orden se expresa en normas a las que todos estamos obligados a cumplir. Las obedecemos porque existe un principio que las legitima y porque la autoridad tiene el monopolio de la fuerza que puede utilizar para hacer cumplir las normas aplicables y por ende legítimas. Aun en el caso de las guerras existen normas que establecen las reglas admisibles para un conflicto bélico. Entre ellas destaca la protección de la población civil y la regulación de las armas con las que se combate. En caso de que se violen estas normas que son en principio aceptadas por todas las naciones, se abre la puerta para que los responsables sean sujetos a un castigo.

El problema ético y político es plantearse quién tiene derecho de imponerse, cuya respuesta tiene dos ámbitos: el ideal que se materializa en los organismos internacionales como la ONU, y el ámbito práctico respecto a quién tiene la capacidad militar y técnica para someter y castigar a los presuntos responsables de haber roto el orden.

En el caso del ataque militar a Siria este es precisamente el centro del debate político, porque al existir pruebas del uso de armas como el letal gas sarín, que están proscritas en las normas de derecho internacional se justificaría que los organismos internacionales autorizaran el uso de la fuerza para someter y castigar a los responsables, pero la realidad muestra la debilidad y tardía reacción de la ONU, y por otra parte está la necesidad de contar con la  capacidad militar para actuar que en términos prácticos sólo la tiene Estados Unidos, sobre todo por su armamento y tecnología especializada.

Estados Unidos ha expresado además, que la violación a estas normas es un asunto que les concierne y que estarían dispuestos a intervenir militarmente aun cuando no se cuente con el apoyo internacional, lo que debe interpretarse que habrá intervención aunque se mantenga la oposición rusa. Para compensar, al parecer se ha formado un grupo de apoyo integrado por Francia, Turquía, Arabia Saudí y otras naciones que respaldan el castigo al Gobierno sirio. Luego cabe la pregunta de quién paga el costo de la operación y la respuesta es clara: los países que intervienen. Luego seguiría como se compensaría a estos países este costo y entonces nos encontramos con la triste realidad de que será la nación siria la que tarde o temprano responda.

Hasta ahora la humanidad no ha encontrado mejores mecanismos para conducir mediante normas las guerras y los conflictos, y la realidad es que quien tiene la capacidad militar puede estimular y disuadir conflictos militares y puede también castigar a nombre de la comunidad internacional y ser compensado por ello.