EDITORIALES

PRI: 71% ilegal

Carlos Loret de Mola

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados está marcada por la ilegalidad electoral, ya que 104 de sus 164 legisladores de mayoría, es decir 63%, obtuvieron la representación violando la ley al rebasar el tope de gastos de campaña.

Esa mancha, al ser el priista el grupo parlamentario más numeroso, se traslada a la Cámara en general, porque de los 300 diputados de mayoría que integran la actual legislatura federal 116, es decir 39%, hicieron trampa para llegar a su asiento.

No es poca cosa lo que concluyó el dictamen de la Unidad de Fiscalización del IFE en su auditoría a los gastos de las campañas federales de 2012. El proceso produjo un Congreso con poca legitimidad y su bancada más grande, la priista, es resultado de la ilegalidad. 48% del grupo se excedió en el gasto, pero si consideramos que de los 213 diputados de ese partido 104 violaron la ley y otros 49 llegaron por la vía plurinominal y por lo tanto son beneficiarios de la trampa original, llegaríamos a 71% de los representantes tricolores beneficiados por el chanchullo.

Llama la atención que en los 40 distritos federales del Estado de México todos los candidatos del PRI gastaron más de lo permitido y que los que más rebasaron el monto, con excesos superiores a un millón de pesos por cabeza, fueron seis de los siete aspirantes priistas de Hidalgo: José Antonio Rojo, Emilse Miranda, Dulce María Muñiz, Darío Badillo, Mirna Hernández y Francisco González. (La lista completa se puede consultar en www.carlosloret.com)

Los politólogos hablan de calidad de la democracia. Este dictamen pinta un triste panorama en ese rubro. Pocas legislaciones electorales en el mundo son tan estrictas como la nuestra pero pocos contendientes en el mundo tienen un costal de mañas tan grande como los nuestros.

El gasto total de los partidos en el proceso, incluyendo la elección presidencial, fue de dos mil 572 millones de pesos y hubo un rebase total de 108 millones de pesos.

Los que más violaron los límites fueron la coalición encabezada por el PRI, con 58 millones, y la encabezada por el PRD, con 48 millones. El primero y segundo lugar en la contienda presidencial rompieron las reglas. La consecuencia: una multa que pagarán con el dinero que obtienen del erario y a seguirle.

El estilo de contabilidad de los partidos que postularon a Peña Nieto contrastó con el de los que presentaron a López Obrador: Los primeros acumularon los gastos en sus campañas de diputados, por lo que al final aparecieron sin rebase del tope en la presidencial y con 179 candidatos a diputados gastando en conjunto 58 millones más de lo permitido (sólo 104 ganaron). Los del Movimiento Progresista concentraron sus erogaciones en la presidencial y por eso AMLO tuvo un exceso de 46 millones mientras que sólo 11 candidatos al Congreso tuvieron rebase.

Lo cierto es que ambos bandos torcieron la ley sabiendo que todo queda en sanciones mínimas. Ya se habla de una reforma electoral más. Difícil creer que ahora sí los partidos se amarrarán las manos.

 

El equipo de Aristóteles corrigió a tiempo

Jorge O. Navarro

La semana pasada, el Gobierno del Estado de Jalisco estuvo cerca del precipicio mediático: a punto estuvo de entregar al Club Atlas recursos económicos que se rumoró —en ningún momento fue información oficial— alcanzaban un monto de 12 millones de pesos. El presidente de esta institución deportiva, Eugenio Ruiz Orozco, se rindió ante la oleada de protestas contra el proyecto que él mismo dio a conocer y el Atlas retiró de manera definitiva la solicitud de apoyo económico.

El 18 de julio, el secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, declaró ante los medios de comunicación que el Poder Ejecutivo encabezado por Jorge Aristóteles Sandoval Díaz no entregará recursos económicos al Atlas ni a ningún otro club profesional de futbol, y además descartó que se pueda usar el erario público para participar en eventos artísticos o deportivos, tal y como aconteció en la pasada administración del ex gobernador Emilio González Márquez.

Que Ruiz Orozco retirara —aunque molesto con la reacción social— el plan que se había concebido incluso antes de que fuera presidente del Club Atlas, y que Zamora Jiménez saliera a hacer estas declaraciones, no es coincidencia ni hecho fortuito, sino resultado del análisis que hicieron los asesores del Poder Ejecutivo ante una reacción pública que no esperaban.

Guardadas las distancias y observando los fenómenos desde la perspectiva de la reacción social, hay similitud entre lo que pudo ser un proyecto de supuesto rescate financiero al club rojinegro de futbol y el donativo entregado por González Márquez a la Arquidiócesis de Guadalajara para la construcción del aún inacabado Santuario de los Santos Mártires.

A la administración del último mandatario surgido de Acción Nacional le falló el cálculo y decidió donar (sinónimo de regalar) 90 millones de pesos para el Santuario; consideraron quizá que siendo católica la mayoría de la población jalisciense, las protestas serían mínimas. Para aumentar el desprestigio del sexenio emilista, no fue el Gobierno el que echó atrás el repudiado donativo, sino que la misma Iglesia Católica decidió regresar el dinero, con todo e intereses, para frenar los reproches sociales.

Algunos de los operadores políticos del equipo de Aristóteles Sandoval habían hecho, hace meses, lo que suele llamarse “operación cicatriz”, al garantizarle a Ruiz Orozco la presidencia del Club Atlas y además, el respaldo económico para una institución que está en quiebra por malos manejos. El conocido político priista ofreció un argumento que, supuso, acallaría a los inconformes: este equipo de futbol es un patrimonio de la ciudad. No resultó.

A diferencia de lo que pasó en el otro caso, la administración estatal reaccionó a tiempo. Los costos políticos han sido mínimos.