EDITORIALES

¿Quién es el verdadero gobernador de Michoacán?

Carlos Loret de Mola

El verdadero gobernador de Michoacán no es el interino Jesús Reyna ni el que fue electo y pidió licencia por agudos problemas de salud, Fausto Vallejo. No mandan el Congreso ni los alcaldes. No tiene el control el Presidente de la República. No rige la Policía local ni pueden jactarse las Fuerzas Armadas de mantenerlo a raya. El sólido empresariado está sometido y los medios de comunicación hacen lo que pueden frente a un poder fáctico ilegal y dominante.

Michoacán funciona como si fuera un país independiente cuyo dueño y gobernante se llama Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, líder de la organización criminal de “Los Caballeros Templarios”. Y lo más grave: este es el diagnóstico al que ha llegado como conclusión el gabinete de Seguridad de la administración Peña.

Michoacán fue el sitio donde se inició la guerra contra el narco encabezada por el entonces presidente Felipe Calderón en 2006. Era su tierra y las cosas estaban ya desde entonces fuera de control por la pugna sangrienta entre Los Zetas y La Familia Michoacana. Según la inteligencia gubernamental, los segundos prevalecieron y a la muerte de quien era su líder operativo y hasta espiritual, Nazario Moreno “El Chayo” (en un enfrentamiento con la Policía Federal el sexenio pasado), mutaron a Los Caballeros Templarios, ya con “La Tuta” al frente.

La gobernabilidad de Michoacán ha sido una pesadilla para el actual Gobierno federal. Su presencia con efectivos policiacos y de las Fuerzas Armadas no ha sido suficiente para ir arrebatando a Servando Gómez Martínez el gobierno de facto.

Un primer acercamiento a la zona les ha confirmado que toda la vida económica llega hasta el escritorio de “La Tuta”. Controla, según el diagnóstico oficial, el mundo ilegal. Y prácticamente todo lo que no es ilegal, tiene que pagarle derecho de piso.

Según la radiografía de inteligencia, a la que tuve acceso, Los Caballeros Templarios tienen dominado no sólo el narcotráfico y su industria asesina, sino también el robo de vehículos, los giros negros, el tráfico de armas, el contrabando en la zona costera, y una larga lista de etcéteras.

Mientras tanto, restauranteros, comerciantes, hoteleros, industriales, agricultores, ganaderos, constructores, en general quien quiere hacer una vida legal, es objeto de extorsiones, un impuesto extra que debe cubrir al cártel, amén de los gravámenes que llegan a las arcas de los gobiernos constitucionales de los tres niveles.

Hace varios años, en estas Historias de Reportero, opiné que Tamaulipas era como un tercer país gobernado por los narcos, en donde la sociedad estaba sometida. Por todo lo expuesto en estas líneas, Michoacán califica como el segundo Estado fallido de México.

SACIAMORBOS

Corderistas y maderistas en el PAN afinan sus misiles. Ambos tienen. Poderosos contra sus adversarios. Sólo están esperando al calendario. Concretamente, el 8 de julio. Ya que pasen las elecciones.

Inseguridad, ése es el tema

Jorge O. Navarro

A cinco días de que se efectúen elecciones en 14 estados (7 de julio), el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, reveló que los partidos políticos y la Secretaría de Gobernación acordaron no tocar el tema de la seguridad en las campañas políticas.

Para justificar la infidencia, el panista sostiene que es la Presidencia la que rompió el pacto después que se ventiló una investigación sobre el candidato azul a la alcaldía de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo, por nexos con el cártel de La Familia Michoacana, que incluso estaría financiando sus actividades proselitistas.

Hasta dónde el presidente del PAN tiene razón es irrelevante, porque lo trascendente en este punto es la intención permanente de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto para mantener fuera de la agenda pública uno de los asuntos que más preocupan a los mexicanos: la inseguridad.

Desde que inició la administración peñanietista el cambio de estrategia en comparación con la administración de Felipe Calderón Hinojosa fue evidente: si el anterior mandatario panista hizo de la lucha contra el crimen organizado la bandera sangrienta de su Gobierno, el recién llegado a Los Pinos determinó que el tema debe ignorarse.

Sin embargo, el derramamiento de sangre continúa y permanecen las zonas del país donde el estado de derecho es un anhelo y la autoridad la ejercen, de facto, quienes obran fuera de la ley.

La medida exhibe un mínimo de lógica: la inseguridad pública afecta no sólo por los hechos delictivos, sino también por la percepción de que en cualquier momento puede alcanzar a todas las personas.

Esa preocupación sin tregua puede causar más daño que los delitos mismos, y por eso es conveniente reducir los mensajes oficiales sobre el tema y de ser posible, convencer a los medios masivos de comunicación para que cambien su agenda de noticias y hagan menos hincapié en los actos criminales y el daño que provocan a la población.

Sin embargo, de una medida bien intencionada a un abuso de poder hay una distancia muy corta.

Ahora el Gobierno federal interviene incluso en las campañas de los partidos políticos, esos mínimos espacios que en teoría sirven para conocer la calidad de las personas que, en condición de candidatos, aspiran a ocupar cargos públicos de elección popular.

El reconocimiento público de Gustavo Madero debe ser estudiado por los institutos electorales de las 14 entidades donde habrá elección; un acuerdo como ése, aunque sea “de caballeros” como dijo el panista, viola el Artículo 41 constitucional, que explicita la equidad y legalidad de las elecciones. ¿Qué condiciones habrán puesto los partidos políticos al secretario Miguel Ángel Osorio? ¿A cambio de qué accedió el Gobierno federal? ¿Cómo recibieron los candidatos las instrucciones de sus dirigencias partidistas para callar sobre un tema tan relevante como la inseguridad?

En este punto, el deber de partidos y candidatos es decir la verdad, no ocultarla

De Frente y de Perfil

Ramón Zurita Sahagún

Desesperación electoral

Conforme se acerca la fecha de cierre de campañas electorales, los distintos partidos intensifican las denuncias y acusaciones contra sus adversarios, al tiempo que la violencia se deja sentir contra los candidatos a los distintos cargos de elección popular.

El proceso electoral del 7 de julio se presenta atípico en todas sus fases, con un gran nerviosismo de los participantes, que dejan sentir su inseguridad sobre los resultados que obtendrán en las urnas.

Desde la garrafal falla en las encuestas de los comicios del 2012, los partidos decidieron no basar en los resultados de esos sondeos sus posibilidades electorales, recurriendo a otro tipo de estrategias que los mantiene dentro de ese rango de inseguridad.

Por eso decidieron dedicar los últimos días de campaña (a las 12 de la noche de hoy se cierra el proselitismo) a jugarse el todo por el todo, sacando sus mejores armas, para intentar revertir la posibilidad de una tendencia negativa hacia sus candidatos.

Las denuncias son tantas y tan grande la presión que se ejerce sobre las autoridades electorales que el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, decidió lanzar la advertencia de que no se tolerará ninguna injerencia en los procesos que tendrán lugar en 14 estados del país y en un distrito de Sonora.

No se permitirá ni tolerará que ningún funcionario federal interfiera o tenga injerencia en los procesos electorales”, estableció el Presidente al término del evento para informar de una inversión por 600 millones de dólares por parte de Apple Leisur Group.

Peña Nieto garantizó a su vez que las instituciones y autoridades estarán coordinadas para vigilar el buen ambiente en los estados y asegurar que se puede ejercer el voto de manera libre y secreta.

“El domingo 7 de julio debe ser una fiesta democrática en que se demuestre una vez más la madurez y civilidad política que los mexicanos hemos venido alcanzando y consolidando”, señaló el Ejecutivo federal.

Y es que el voto debe expresarse en forma libre y secreta, sin coacciones de ninguna clase, siendo el ciudadano el que defina en las urnas el partido y candidato que resulte triunfador.

Pero son los partidos y sus candidatos los que han enrarecido el clima electoral, con sus constantes denuncias, muchas de las cuales no han sido probadas, pero siembran dudas entre el electorado que se encuentra dispuesto a emitir su sufragio.

Es cierto que los comicios intermedios en los estados no son los más concurridos, ya que los electores prefieren la contienda presidencial y la de gobernador, las que son motivantes para muchos.

Pero los comicios del 7 de julio despertaron pasión y revisten un atractivo especial, por ser los primeros que se efectúan después de la elección presidencial, donde el PRI recuperó la Presidencia de la República, luego de gobiernos panistas por doce años.

La prueba es para todos los partidos, ya que servirá para medir sus espacios, luego de que la izquierda se consolidara como la segunda fuerza electoral, el PRI se constituyera en la primera y el PAN fuese enviado hasta el tercer lugar.

Para los priístas la elección del próximo domingo les significa consolidarse como la primera fuerza política a nivel nacional y dejar constancia que regresaron para quedarse en las preferencias ciudadanas.

Los panistas buscan dejar en claro que están de regreso y que los sucedido el primero de julio del año pasado, fue solamente un tropiezo.

Para la izquierda los comicios son estimulantes, ya que les permitirán medir hasta donde les pegó el efecto de que Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores los dejaron solos.

Los partidos de oposición de la izquierda y derecha, repiten el gratificante experimento del 2010, cuando lograron en alianza la victoria en los estados de Puebla, Oaxaca y Sinaloa.

Obtener resultados positivos les permitiría alargar esa alianza hasta los procesos electorales del 2015 (federal) y locales en 12 estados del país en 2016 (con cambio de gobernadores).

Pero si algo dejará en claro el resultado que se obtenga en las urnas el próximo domingo es saber hasta dónde impactaron las denuncias de unos y otros sobre el manejo irregular de los dineros públicos, los apoyos a unos y otros provenientes de los gobiernos y, principalmente, el conocer los montos de fortuna de algunos de los candidatos.

LAS ESTRELLAS DEL PANISMO

Los panistas guardaron sus armas secretas durante la mayor parte de las campañas electorales, pero ya cuando vieron que las contiendas se cerraban, recurrieron a sus armas secretas.

Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial y Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, decidieron asomarse a las campañas de los candidatos de su partido, en un último esfuerzo por jalar al electorado.

De acuerdo con reportes de los recorridos de las dos panistas, la respuesta recibida fue grande, por lo que se considera que su presencia pudiera hacer diferencia en algunos lugares del país.

Sin embargo, lo más llamativo de ello es que ambas políticas se encuentran nuevamente en activo y pondrán más interesante al sucesión presidencial dentro del partido en que militan y que en diciembre próximo deberán elegir al nuevo dirigente nacional. En su caso, reelegir al actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Gustavo E. Madero.

RENUNCIA CANDIDATO

Finalmente el profesor Ceballos, tercero en discordia por la alcaldía de Puebla, decidió una alianza de facto a favor del candidato de la coalición PRI-Verde, Enrique Agüera Ibáñez.

Según sus cuentas, el candidato del PT obtendría el 11 por ciento de los sufragios, lo que lo marginaba del triunfo, por lo que decidió declinar a favor del priísta.

email: ramonzurita44@hotmail.com

email:zurita_sahagun@hotmail.com