COLUMNAS

¡Méndigas cifras!

Oscar Espinosa

La semana anterior se publicaron cifras que nos deben llevar a reflexionar sobre el país que vivimos, la situación de atraso en que nos encontramos y la factibilidad (o no) de salir de dicho rezago.

Por una parte, el INEGI, al presentar su reporte "Medición de la economía informal 2003 - 2012" dio a conocer que la economía informal generó el 25% del PIB con casi el 60% de la población ocupada.

Por otro lado, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su informe sobre las finanzas públicas y la deuda pública, informó que en el periodo de enero a mayo de 2014 los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a un billón 610 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 3.2 por ciento respecto a los registrados en el mismo periodo del año anterior.

Y finalmente, el mismo INEGI dio a conocer el resultado del Indicador trimestral de la Actividad Económica Estatal durante el primer trimestre de 2014, en donde se aprecia la enorme disparidad de crecimiento en las entidades federativas de nuestro país.

En el caso de la economía informal, deben preocuparnos por lo menos dos cosas en relación a la información publicada. Por un lado, el hecho de que sea la economía informal, con todos los inconvenientes que presenta para una economía como la nuestra (al operar al margen de la seguridad social o de la recaudación fiscal), la que explique la cuarta parte del valor de nuestra producción y por el otro, relacionado también con tales inconveniencias, la bajísima productividad que queda manifiesta al ver que un 60% de la población, solo produzca el 25% de nuestro producto interno.

La productividad anual por puesto de trabajo, medida como el PIB por puesto de trabajo de la Economía Formal e Informal, muestra que la Economía Formal generó en promedio ---para el lapso de 2003-2012--- 387 355 pesos anuales a precios de 2008 de PIB por puesto ocupado formal. Por su parte, la Economía Informal se ubicó en 118 523 pesos anuales a precios de 2008 por puesto ocupado en la informalidad, es decir, la productividad de la economía formal es 2.3 veces mayor que la productividad de la economía informal. En un país en el que uno de los retos centrales es el de incrementar la productividad y en consecuencia hacer más con menos, esta información resulta inquietante.

En cuanto a la recaudación, no deja de incomodar el hecho de que nuestro gobierno sí crezca (en la recaudación fiscal) y nuestra economía no lo haga, sino que siga mostrando señales de bajo dinamismo. Ciertamente, queda claro que el gobierno ha logrado el propósito de recaudar más (y deseablemente gastar más también), pero queda la inquietud de que se confirme así aquello que señalaron insistentemente en su momento los empresarios en cuanto a que dicho crecimiento recaudatorio esté dándose a costa del desarrollo de los negocios privados. En lo que hace al crecimiento de las entidades federativas, al ver que estados como Aguascalientes crece al 9.8% o Zacatecas al 8.8%, y Oaxaca lo haga al 1.6% o Guerrero al 1.4%, inevitablemente surge la pregunta de si seremos capaces de revertir la desigualdad en un país en donde los estados de menor desarrollo relativo son de las que menos crecen, mientras otros más desarrollados lo hacen con mayor fuerza. Da la impresión de que si seguimos así, los ricos serán más ricos y los pobres más pobres. Pregunto ¿Eso es lo que queremos y buscamos?

Guerra contra los asalariados

Rubén Martín

Para los mexicanos que viven de vender su fuerza de trabajo para reproducir su vida, el tema del salario y de su poder adquisitivo no es un asunto de foros ni, mucho menos, de una estrategia que busca votos.

Millones de mexicanos asalariados viven día a día la pérdida del poder adquisitivo; lo discuten con otros compañeros; es motivo de acuerdos y desacuerdos en el hogar; se discute en la tienda o en el supermercado a donde acuden a comprar los productos básicos para la familia.

El salario mínimo, las instituciones que lo regulan, las políticas económicas que lo contienen son cosas abstractas, pero se convierten en cosas concretas cuando hay que decidir cuántos días a la semana comer carne, si comprarán zapatos a los hijos, o el uniforme escolar. No hay duda que lo que tenemos en México en las últimas tres décadas es una agresión tan dura que bien se puede hablar de una guerra contra los asalariados.

Gracias al trabajo del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM tenemos indicadores concretos de esta agresión. En diciembre de 1987 el salario mínimo era de 6.47 pesos, en tanto que la canasta alimentaria recomendable (CAR) costaba 3.95 pesos; 27 años después el salario mínimo es de 67.29 pesos mientras que la CAR cuesta 184.96 pesos. En estas tres décadas, el ingreso diario de un asalariado aumentó 940%, y la CAR se incrementó 4,582 por ciento. El resultado es devastador: el salario mínimo ha perdido 77% del valor que tenía en 1987.

Los números puedes ser engañosos. Son más ilustrativos los ejemplos concretos que ofrecen los investigadores del CAM-UNAM. En 1982 con un salario mínimo se podían comprar 18.6 litros de leche, hoy apenas 4.7 litros; en 1982 un salario mínimo compraba 50.9 kilos de tortilla, hoy 5.8 kilos; 280 piezas de pan se podían adquirir hace 32 años, en 2014 el salario diario apenas puede comprar 38 piezas.

Lo que tenemos es que el salario pierde año con año la carrera frente a los precios y esa derrota del salario se traduce en que se debe trabajar más para comprar lo mismo que antes: en 1987 se necesitaban cuatro horas y tres minutos para comprar la CAR; ahora se requieren 22 horas de trabajo. Es pura y llana explotación. Pero esta derrota del salario frente a los precios no es una maldición caída del cielo; es una decisión de políticas económicas decididas por gobernantes con rostro y apellido.

Por eso suena un poco a burla que el Gobierno de Enrique Peña Nieto le diga a los mexicanos que se esperen unos años, que con la reforma energética y las demás, el salario irá aumentando; por eso llegan tarde los foros y propuestas del PAN y del PRD para consultar sobre si se aumenta el salario. Es un uso instrumental y electoral de un drama que aqueja a millones de mexicanos. Esta guerra contra los asalariados debe parar, pero no la pararán los mismos partidos que la han generado. Ya idearán los trabajadores como escapan de esta agresión sistemática en su contra.