El PRI y los apátridas
Enrique Ibarra Pedroza
A Rubén Martín y Jesús Estrada, por su congruencia y pluralidad periodística.
“Quienes se oponen a la reforma
energética de Peña son apátridas”, fue la nota principal de la Jornada Jalisco
el pasado jueves, el dirigente del PRI Hugo Contreras, en una conferencia de
prensa en la que participó también el presidente de la fundación Colosio,
Alberto Mora. Que los dirigentes de ese partido sean obsecuentes y acríticos
del afán de Peña Nieto de entregar los recursos petroleros del país a las
grandes trasnacionales, a nadie sorprende, lo que llama la atención es la
desproporción e ignorancia supina de los argumentos de esos priístas.
El discurso ultramontano de Hugo
Contreras es inadmisible. Ahora resulta que los que no compartimos la reforma
energética del presidente de la República, no tenemos derecho a tener patria ni
nación y según él, de acuerdo al termino jurídico del vocablo, el gobierno nos
puede llevar a esa condición de apátridas en la que estaríamos la mayoría de
los mexicanos, que de acuerdo a diversas encuestas, (una de ellas de la propia
cámara federal de diputados) compartimos esa opinión.
Es más, la retórica aldeana y la
visión estrecha de Contreras, va a contracorriente del secretario de Energía y
ex presidente del PRI nacional, Pedro Joaquín Coldwell, quién antier en un
encuentro con directivos y editorialistas de un periódico nacional, declaró que
la reforma energética amerita “una gran discusión nacional, en la que hable la
sociedad y los especialistas”, en la que se expresen las opiniones encontradas
sobre la misma.
Me llamó la atención de que en
esa cresta de desmesura y soberbia se haya instalado Alberto Mora, quien entre
otros puntos expresó, “con la reforma se van a crear de manera inmediata un
millón y medio de empleos y la economía crecerá un punto porcentual cada año de
aquí al 2018 y 2.5 puntos más al 2025”. Las declaraciones de esos dirigentes
nos confirman que quienes dirigen el PRI en Jalisco nos creen menores de edad.
Qué bueno que la fundación
Colosio es el espacio de estudio, reflexión e inteligencia del priísmo
jalisciense para diagnosticar y procesar los grandes temas de interés público,
sus retos y soluciones. En esa ruta de tolerancia, sustancia, y talento de que
hicieron gala Contreras y Mora para comunicarse y convencer a la sociedad
tapatía, de nada le servirá a ese partido los relevos anticipados de sus
dirigencias en Guadalajara y Zapopan, rumbo a los comicios del 2015.
Mancera paga
Carlos Loret de Mola
A las 7:15 de la mañana del
domingo, Miguel Ángel Mancera, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, tomó
una pistola y lanzó un disparo desde el Hemiciclo a Juárez de la capital
nacional.
Unos minutos antes lo habían
abucheado dos veces. Ante más de quince mil personas los maestros de ceremonias
anunciaron su nombre en la salida del XXXI Maratón de la Ciudad de México y la
respuesta de los atletas fue de repudio al mandatario, segundos antes del
disparo que los puso a correr 42 kilómetros.
Durante toda la semana, y
marcadamente el viernes con su intento de tomar el aeropuerto metropolitano,
los maestros sindicalizados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación desquiciaron la ciudad y los policías de Mancera los observaron
pacientes mientras el clamor la mayoría de la gente pedía desalojarlos usando
la fuerza pública, no matar ni herir a nadie, con una operación policiaca
antimotines eficaz, como sucede en los países más democráticos, incluso
gobernados por la izquierda.
A Mancera le ha llovido. Se le
culpa de tibio frente al caos. Si bien es su responsabilidad mantener un DF
viable, el jefe de Gobierno está lejos de ser el principal culpable de que las
cosas hayan llegado hasta donde están con la CNTE.
Pongo primero en la lista de los
responsables al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué. La CNTE lo tiene domesticado:
los maestros no van a clases y Gabino les da un bono, los maestros marchan y
Gabino les sigue pagando, los maestros quieren manifestarse en el DF y Gabino
financia los autobuses. La educación de Oaxaca está bajo control de la CNTE y
es uno de los estados con peor nivel académico, pero Gabino no los toca.
Tampoco se puede dejar de señalar
el trato privilegiado que el gobierno federal ha dispensado hasta ahora a la
CNTE. Frente a violencia, mesas de diálogo. Frente a secuestradores vinculados
a la CNTE, el gobierno tratando de no hablar del tema. Frente a marchas, los
líderes del Congreso a su disposición. Frente a bloqueos, cita con el
secretario de Gobernación.
Varios de los dirigentes
sindicales de la CNTE tienen un historial que les merecería ocupar la celda
contigua a la de su archirrival Elba Esther Gordillo. La CNTE ha ido mucho más
allá en su desafío al Estado de lo que alcanzó a hacer Gordillo. Lo de ella fue
un justo y bien ganado golpe. ¿A la CNTE no la tocan?
Cortarles el financiamiento,
contener sus afectaciones a terceros y proceder contra sus líderes abyectos
podría ser una salida que ubique a la CNTE en su lugar, tome en cuenta sus
demandas razonables (que el examen de maestros comprenda la situación
económica y alimentaria de los alumnos así como las instalaciones escolares,
que los maestros en funciones no sean despedidos porque eso violaría sus
derechos adquiridos, que se invierta más en educación)
Y desprecie las que sólo buscan
mantener sus privilegios (heredar plazas, no ser examinados, no rendir cuentas
sobre el dinero que les llega, derogar la reforma educativa).
De otra forma sólo se llega a una
conclusión: a la CNTE le tienen miedo
La negra historia de la Ciudad Judicial
Jorge O. Navarro
Esta semana comenzó, en la agenda
política, con otra rutinaria ceremonia de corte de listón. El gobernador
Aristóteles Sandoval Díaz, los alcaldes del área conurbada y muchos
funcionarios más, asistieron la mañana del lunes 26 de agosto a la inauguración
de la Ciudad Judicial de Jalisco.
Pero si el evento fue rutinario,
no lo es en absoluto el tema que está detrás. Por el contrario, todo lo que se
relacione con la Ciudad Judicial implica una gravedad que el mandatario estatal
está obligado a no ignorar.
La Ciudad Judicial debe
considerarse uno de los referentes de la corrupción y el abuso del erario
público en la última década de la vida pública jalisciense. De hecho, también
es posible considerarla un monumento a la impunidad y las cifras están ahí,
inamovibles, para comprobarlo.
La primera vez que un grupo de
políticos de primer nivel se reunió en ese predio ubicado en Periférico
Poniente, muy cerca de la salida a Nogales, fue la mañana del 24 de febrero de
2007. Para entonces, Gerardo Octavio Solís Gómez era gobernador sustituto y
Celso Rodríguez González ocupaba la presidencia del Supremo Tribunal de
Justicia; ambos estuvieron presentes en la colocación de la primera piedra de
la Ciudad Judicial. Ambos habían atestiguado, también, cómo en el último tramo
del sexenio del ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, se aprobó un crédito por
325 millones de pesos para la edificación de este complejo, en el que se
instalarán todos los juzgados que hoy están dispersos por la zona
metropolitana.
De entonces a la fecha han
transcurrido años, hechos irregulares y ampliaciones discrecionales del mismo
crédito. El gasto se disparó en muchos cientos de millones, que el ex
gobernador Emilio González Márquez aprobó con el conocimiento de su aliado y
titular del Supremo Tribunal, Celso Rodríguez.
Actualmente, aunque no ha sido
objeto de atención popular, los miembros del Consejo de la Judicatura aprobaron
un ejercicio presupuestal para 2014 por la enorme cantidad de mil 600 millones
de pesos. De este monto, pretenden 228 millones para concluir la Ciudad
Judicial, a la que le falta un tercer piso.
Si esa pretensión se aprueba,
esta obra podría consumir en total ¡mil 200 millones de pesos!, es decir 875
millones más que los presupuestados originalmente.
Al paso de los años se han hecho
numerosas denuncias sobre irregularidades en la construcción de la Ciudad
Judicial, desde la asignación de contratos, obras malhechas –el edificio se
levantó sin considerar el drenaje y las instalaciones hidráulicas– o una
sospechosa entrega oficial de la obra del Poder Ejecutivo al Poder Judicial
encabezado por Celso Rodríguez, sin que estuviera terminada.
Sin embargo, no hay una sola
dependencia sancionada o una persona judicialmente condenada por el daño al
erario.
Ahora, incompleta la obra, se
sabe que hay una lucha sorda entre los factores de poder que están detrás del
Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal para controlar el cobro del
estacionamiento, la administración del restaurante que se instalará dentro y la
gestión de las miles de fotocopias que se requieren en la cotidiana
administración de la justicia. Son negocios millonarios y se pelean por ellos
en la oscuridad, alimentando la corrupción.
Si el gobernador Aristóteles
Sandoval, que debe inaugurar para iniciar el retrasado proceso de traslado de
los juzgados, quiere romper con la inercia viciada en el Poder Judicial, puede
presionar para que estos negocios internos de la Ciudad Judicial sean
administrados por el DIF o las dependencias responsables de atender a los más
desfavorecidos en Jalisco, para que al menos una parte de los millones que se
perdieron en los bolsillos de políticos abusivos y corruptos regrese a sus
dueños legítimos.
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